La reforma tributaria, recientemente sancionada por Gustavo Petro busca recaudar COP 19,7 billones en 2023 y un promedio de COP 20 billones en los siguientes tres años. De acuerdo con el Gobierno, el objetivo principal de la reforma tributaria es atender la deuda social histórica que tiene el Estado con los más vulnerables, de la mano de la responsabilidad fiscal. No obstante, desde la perspectiva empresarial hay conceptos encontrados.

En LA7EM consultamos sobre el tema diferentes puntos de vista desde la perspectiva gremial y desde el ecosistema de emprendimiento tecnológico, y los desafíos que tiene el tema fiscal en un contexto macroeconómico global complejo. Abordamos las perspectivas de la ANDI ; de Maria Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana; Francisco Gnecco, cofundador de la Fintech Tranqui; y Lluís Cañadell, cofundador de Treinta.

En primer lugar, antes de la aprobación de la reforma, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) aseguró que la reforma tributaria debería contemplar un recaudo de 8 billones de pesos y no de COP 25 billones, como lo propuso inicialmente el Gobierno.

“Una reforma tributaria no es necesaria si se realiza un plan de austeridad y de redistribución de los gastos gubernamentales. Ante el Senado y Cámara presentamos el inmenso aumento de recaudo de impuestos que en dos años 2021-2023 aumentará en más de COP 80 billones, corremos el riesgo de exprimir a la economía más allá de lo posible”, expresó el dirigente gremial.

No obstante, tras la aprobación de la nueva ley, la ANDI manifestó que espera que la nueva reforma tributaria logre garantizar la estabilidad económica. Además, enfatizan que no se pueden dejar de lado temas como el pago de la deuda externa o seguir manteniendo el atractivo para la inversión extranjera.

“La competitividad debe ser parte de la discusión. El momento es adecuado dada la revisión del plan de desarrollo que trazará la ruta de años venideros. Qué mejor oportunidad para sentar las bases para lograr un crecimiento económico alto y sostenido en el que la empresa sea generadora de dinamismo y, como lo hemos propuesto, se trace una política pública a partir de una autopista de dos carriles que avance en lo económico y en lo social”, dijo la ANDI en un comunicado.

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI

De otro lado, los industriales avalaron el aumento del salario mínimo en un 16%, considerando que fue importante para la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. A pesar de esto, piensan que el reto se trasladó a las empresas, que finalmente asumen el aumento, y que como lo aseguraban durante la Mesa de Concertación Salarial, afecta la generación del empleo.

Y destacaron, además, que la competitividad entrará a jugar un papel crucial, y que tendrá que explotarse con el Plan Nacional de Desarrollo, lo que permitiría que Colombia mantenga esa tendencia de crecimiento como lo ha hecho por al menos 15 años.

En su informe de perspectivas para la economía colombiana en 2023, la ANDI apuntó que al cierre de 2022 el déficit fiscal habría sido de 5,6% y el déficit en cuenta corriente alcanzó el 6%. Sin duda, desequilibrios de esta magnitud no son sostenibles en el mediano plazo. Así mismo, señaló que la economía

“El sector público no puede endeudarse indefinidamente. El pago de importaciones, servicio de la deuda externa y los flujos de capital hacia el exterior, requieren fuentes de recursos sólidos, como es el caso de las exportaciones o la inversión extranjera directa. Se suma el impacto de la reforma tributaria sobre la inversión, el sector empresarial y sobre el minero energético. Parte de la estabilidad económica dependerá del uso que se dé a los recursos provenientes de esta reforma”, anota el documento.

Ecosistema startup mostró solidez frente al nuevo Gobierno

De acuerdo con la propuesta inicial de la reforma tributaria, el “impuesto al patrimonio” debía pagarlo quien tuviera riqueza superior a aproximadamente USD 600 mil.  Para determinar cómo se deben declarar (y por qué valor) las acciones que tiene alguien en una compañía privada, se debía tomar el valor intrínseco de esas acciones, es decir, el resultado de dividir el patrimonio líquido de la empresa por el número de acciones.

Ese punto específico llevó incluso a denominarla como la “Reforma Anti-startup”, que si hubiese sido aprobada, se habría vuelto muy difícil comenzar empresas que requieran inversión de venture capital en Colombia, ya que los fundadores comenzarían a pagar impuestos como si fuesen millonarios, ¡sin serlo!

La coyuntura logró unir a los principales actores del ecosistema de emprendimiento tecnológico.  En un principio el Gobierno quiso mantener el impuesto, intentando excluir startups que cumplieran con unos requisitos como tener un mínimo de inversión de venture capital, tener base tecnológica, y tener un impacto en algunas industrias.

Pero finalmente el impuesto se retiró de la reforma. Es decir, el impuesto al patrimonio en Colombia solo lo pagan quienes tienen un patrimonio líquido de más de COP 5 mil millones (USD 1 millón).

En palabras de Francisco Gnecco, cofundador de la fintech Tranqui, el ecosistema en Colombia probó ser lo suficientemente fuerte como para explicar asuntos técnicos a un Gobierno fuerte, como es, en términos políticos, el Gobierno actual de Colombia.

“Conseguimos que orgánicamente emprendedores/inversionistas nacionales e internacionales alertaran al Gobierno sobre la inconveniencia de esta norma. Cientos de emprendedores se manifestaron públicamente sobre el tema, y los medios de comunicación replicaron el mensaje de los fundadores; Un equipo (el de Colombia Fintech) se metió en la discusión técnica de fondo con los asesores del Gobierno; al final, el Gobierno nos escuchó, y prefirió no obstaculizar la creación de empresas con alta capacidad de innovación con un nuevo problema”, aclaró el emprendedor.

Gnecco añadió que para las startups o cualquier tipo de empresas, contratar abogados expertos en derecho tributario no es un costo, es un ahorro. Las normas tributarias son complejas y es muy fácil caer en trampas, entenderlas mal, o simplemente no verlas.

De otro lado, Lluís Cañadell, cofundador de la fintech Treinta, destacó la labor de Colombia Fintech en las discusiones técnicas sobre la reforma, y agregó que aspectos de la reforma como acabar con el 4×1.000 y las modificaciones al IVA, son favorables para el tema impositivo de las startups. Sin embargo, hoy los factores macroeconómicos pueden pasar factura.

“Desde la visión del ecosistema, la economía global tendrá un impacto entre los emprendedores. Los factores que debemos tener en cuenta son la inflación, las altas tasas de intereses, que pueden impactar el acceso a capital. Además de la volatilidad de la tasa de cambio”, explicó Cañadell.

Tejido empresarial y zonas francas, aspectos críticos de la reforma tributaria

Para María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AMCHAM Colombia (Cámara de Comercio Colombo Americana) no se pueden desconocer las necesidades sociales del país, pero para lograrlo debe haber un desarrollo que permita contribuir a Colombia se requiere tener un equilibrio entre el ingreso fiscal y la viabilidad del tejido empresarial.

“Se aprobó una reforma tributaria a pesar de los esfuerzos para visibilizar, con argumentos, ante el Gobierno y el Congreso, que se afectará negativamente la competitividad de las empresas y se debilitara su capacidad para atraer inversión y crear empleo formal como mecanismo para la superación de la pobreza”, manifestó Lacouture.

La directiva agregó que el proyecto aprobado traerá más complicaciones al panorama económico nacional. Los cambios en las reglas para las zonas francas y los impuestos para el sector minero energético, así como los tributos a productos de la canasta familiar, tendrán impacto en la creación de nuevos puestos de trabajo en el mediano plazo al perderse elementos esenciales para la competitividad del país.

En ese sentido, desde AMCHAM Colombia, el llamado es a generar una articulación del Gobierno con el Congreso y el sector privado para tener un acuerdo que contribuya a que los precios se mantengan bajo control sin que se afecte el empleo o el crecimiento económico.