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Costa Rica, Uruguay y Colombia encabezan el ranking en América Latina de políticas públicas encaminadas a avanzar en la protección del medio ambiente e implementar una serie de mejoras en los indicadores técnicos de largo plazo utilizados para reducir emisiones, mejorar la calidad del aire y la matriz energética. El ranking, publicado por la revista América Economía, da cuenta de que los esfuerzos en Latinoamérica son bastante desiguales y difíciles. Los datos provienen de fuentes secundarias validadas, como organismos gubernamentales internacionales y centros de investigación académica.

Las promesas de descarbonización y reducción en emisiones son similares en América Latina, teniendo en general como meta el reducir menos del 40% de gases de efecto invernadero (GEI) antes de 2030 (seis de 11 países) y descarbonizar antes del 2050 (7 de 11 países).

Por lo demás, la poca claridad en la rendición de cuentas posterior a la suscripción genera un ambiente de poco compromiso real en la región, existiendo metas idénticas en países con políticas ambientales tan diferentes como Brasil y Costa Rica. Este último lidera la ambición y cumplimiento, con políticas en transporte público y privado, energía, agricultura e industria en la línea de su ambiciosa meta: reducir en un 44% los GEI antes de 2030, y una descarbonización a 2021. Mientras, el gobierno de Brasil es hoy ejemplo de descompromiso medioambiental.

Que Brasil comparta formalmente con Costa Rica las metas de reducción de GEI es un indicio de que detrás de las declaraciones hay distintos niveles de compromiso real. No es casual que Brasil, que en el ránking 2019 ocupaba el puesto cinco, retroceda al puesto número siete al incluir indicadores que miden la voluntad política.

En esa línea, el documento establece que América Latina está lejos de llegar a la meta si no se adoptan políticas nacionales, como en Costa Rica, y con estrategias climáticas regionales alineadas, como busca serlo el Acuerdo de Escazú. Por ello, organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) han insistido en su importancia como herramienta para la lucha contra la contaminación, así como en la necesidad de generar una estrategia coordinada de políticas ambientales basadas en la evidencia científica.

Compromiso empresarial en la sustentabilidad de la región

En países como México y Perú, el tema de desastres ambientales por cuenta de la intervención industrial es preocupante. En el país azteca, entre 2000 y 2012 la Dirección de Emergencias Ambientales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) registró 4.457 derrames de petróleo en aguas y tierras mexicanas, cerca de 500 incidentes cada año.

En términos económicos se estima que entre las décadas de 1990 y 2010 se han provocado pérdidas de más de USD 50.000 millones por derrames de petróleo. Respecto a ecosistemas y población, el último conteo señala que entre 2015 y 2018 el suelo contaminado por este tipo de desastre suma más de 700.000 m², de los cuales solamente 421.000 m² han sido restaurados. Quien encabeza los desastres de este tipo es la empresa petrolera estatal PEMEX, que tiene un promedio anual de crecimiento de fugas y derrames de un 9,9% a 2018.

Los países más afectados tienen en común la carencia de un marco normativo en torno a la prevención, donde no se fortalecen condiciones de seguridad que garanticen la calidad de vida y el desarrollo sustentable del país. Al mismo tiempo, las sanciones por causar daño ambiental son bajas, con penas que decantan en multas años después del hecho.

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