El Gobierno Nacional ha presentado una propuesta de reforma laboral que busca garantizar condiciones laborales justas y equitativas para los trabajadores, en especial aquellos que se encuentran en empleos mal remunerados. Aunque la propuesta aún está en discusión, ya ha generado controversia y preocupación en el sector empresarial debido a los posibles impactos que podría tener en las organizaciones que ofrecen servicios de selección de personal.

Una de las áreas principales que aborda la propuesta de reforma laboral es la prestación de servicios. El gobierno busca garantizar que todos los trabajadores tengan un contrato de trabajo directo con la empresa para la que trabajan, eliminando las clasificaciones existentes y estableciendo contratos de trabajo a término fijo de mínimo un mes y máximo dos años, con posibilidad de renovaciones ilimitadas dentro de ese lapso. Después de los dos años, el contrato pasaría a ser indefinido.

Además, la propuesta busca asegurar que todos los trabajadores, independientemente de su estatus laboral, tengan acceso a la seguridad social y otros beneficios laborales. Esto incluye el pago de vacaciones y días festivos, el seguro de salud y otros beneficios que buscan garantizar condiciones laborales justas y equitativas para los trabajadores.

Otro aspecto relevante de la propuesta es la protección especial que se busca otorgar a ciertos grupos de trabajadores en términos de estabilidad laboral. Se propone que a las personas con afectaciones de salud graves que les impidan o dificulten sustancialmente la realización de sus actividades, a las mujeres en embarazo y hasta seis meses posteriores al parto, y a aquellos que les falten tres años o menos para cumplir los requisitos de pensión, solo se les pueda terminar el contrato por justa causa o por causa legal previo el trámite correspondiente ante el Inspector del Trabajo.

En cuanto a las indemnizaciones por despido injustificado, la propuesta busca incrementar los días de indemnización en todas las modalidades de contrato. Para los contratos a término fijo o por obra labor, se propone un mínimo de 45 días, y para los contratos a término indefinido se calcularía a razón de 45 días por el primer año y 45 días o proporcional por los años subsiguientes.

El procedimiento disciplinario también sería objeto de cambios bajo la propuesta de reforma laboral. Se busca definir un procedimiento mínimo que debe seguirse previamente a la imposición de una sanción disciplinaria o a la invocación de una justa causa de despido.

Otro aspecto relevante de la propuesta es la ampliación de la solidaridad del contratante frente a las obligaciones del contratista con sus propios trabajadores. Esto significa que en los casos en que la obra o trabajos subcontratados estén relacionados con la actividad principal del contratante, se le extenderán los beneficios salariales y prestacionales de esta a los trabajadores del contratista.

La propuesta de reforma laboral también busca modificar la jornada diurna y nocturna de trabajo. Se propone que la jornada diurna se establezca entre las 6:00 am y las 6:00 pm, y la jornada nocturna entre las 6:00 pm y las 6:00 am. Además, se propone que la jornada máxima de trabajo semanal sea de 48 horas, con un límite de 12 horas diarias y se establezcan descansos obligatorios entre jornadas de trabajo.

Esta propuesta de reforma laboral se considera que podría representar un desafío para las empresas en varios aspectos. Entre las preocupaciones planteadas se encuentran:

Incremento de costos laborales: El aumento en las indemnizaciones por despido injustificado y la ampliación de la solidaridad del contratante frente a las obligaciones del contratista podrían aumentar los costos laborales para las empresas, lo que podría impactar en su rentabilidad y competitividad.

Restricción a la flexibilidad laboral: La eliminación de las clasificaciones existentes y la obligatoriedad de contratos de trabajo a término fijo de mínimo un mes y máximo dos años, con posibilidad de renovaciones ilimitadas dentro de ese lapso, podría limitar la flexibilidad laboral de las empresas para adaptarse a cambios en la demanda o necesidades del mercado.

Mayor rigidez en los procedimientos disciplinarios: La definición de un procedimiento mínimo que debe seguirse previamente a la imposición de una sanción disciplinaria o a la invocación de una justa causa de despido podría implicar una mayor rigidez en los procedimientos disciplinarios de las empresas, lo que podría dificultar la gestión del talento y el mantenimiento de un ambiente laboral adecuado.

Mayor carga administrativa: La obligación de garantizar el acceso a la seguridad social y otros beneficios laborales a todos los trabajadores, independientemente de su estatus laboral, podría implicar una mayor carga administrativa para las empresas en términos de cumplimiento de obligaciones legales y trámites burocráticos.

Posibles conflictos laborales: La protección especial que se busca otorgar a ciertos grupos de trabajadores en términos de estabilidad laboral, así como el incremento en las indemnizaciones por despido injustificado, podrían generar conflictos laborales y disputas legales entre los trabajadores y las empresas.

En este sentido, es importante que la propuesta sea analizada y discutida de manera detallada para evaluar sus implicaciones y buscar un equilibrio entre los intereses de los trabajadores y las necesidades de las empresas.